A pocos días de la entrada en vigencia de la segunda etapa de la Ley de 40 Horas, fijada para el 26 de abril de 2026, las empresas chilenas enfrentan un proceso de transformación relevante: la reducción de la jornada laboral de 44 a 42 horas semanales.
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la normativa impacta directamente a más de 5 millones de trabajadores del sector privado. En paralelo, la Dirección del Trabajo (DT) ha intensificado sus fiscalizaciones, concentrando las mayores sanciones en infracciones relacionadas con jornada laboral, con multas que pueden ir desde 3 hasta 60 UTM por trabajador afectado.
Desde la perspectiva de los trabajadores, la reducción de la jornada representa un avance en calidad de vida, al favorecer el descanso, la conciliación familiar y la prevención del desgaste laboral. No obstante, especialistas advierten que el cumplimiento efectivo depende de que las empresas implementen correctamente los ajustes, evitando prácticas como el aumento de la carga laboral o la reducción de remuneraciones.
En caso de incumplimientos —como exigir labores por sobre las 42 horas sin el pago correspondiente de horas extras—, los trabajadores pueden presentar denuncias de forma gratuita y confidencial ante la Inspección del Trabajo o a través del sitio web oficial de la DT.
El principal desafío recae en las organizaciones con operaciones continuas, como aquellas que funcionan con turnos 24/7, teletrabajo o servicios críticos. Estas deberán rediseñar sus esquemas horarios para cumplir la normativa sin afectar la continuidad operativa.
En este contexto, Boris Muñoz, gerente de División Control de Asistencia de Vigatec, sostiene que “cumplir la norma es una cosa y mantener la productividad es otra muy distinta”, enfatizando la necesidad de abordar el proceso de forma estratégica.
Asimismo, el reciente dictamen de la DT ha otorgado mayor certeza jurídica, pero su implementación práctica dependerá en gran medida de la capacidad tecnológica de las empresas. En Chile, cerca de 18.000 grandes compañías enfrentan mayores riesgos reputacionales y financieros en caso de incumplimiento.
Hoy, el control de asistencia ha evolucionado desde un trámite administrativo a una herramienta estratégica, clave para responder a fiscalizaciones. La adopción de sistemas tecnológicos certificados —que integren biometría, automatización de cálculos y trazabilidad inmediata— se posiciona como una alternativa para garantizar cumplimiento y, al mismo tiempo, mejorar la eficiencia operativa y el bienestar de los trabajadores.
