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Denuncian a dos jueces árbitros por presuntas irregularidades en juicios de partición en Villa Alemana y Viña del Mar

Dos jueces árbitros designados por la Corte de Apelaciones de Valparaíso enfrentan denuncias por presuntas irregularidades en juicios de partición desarrollados en Villa Alemana y Viña del Mar. Los antecedentes ya fueron derivados a Contraloría y al Tribunal de Garantía de Viña del Mar.

El primer caso involucra al juez árbitro Ramón Gómez-Atienza, encargado del juicio de partición Otero-Otero en Villa Alemana. Según la denuncia, la oferta de la propiedad ubicada en calle Victoria 93 nunca fue publicada en medios nacionales, como establece la normativa, lo que habría afectado la transparencia del proceso judicial.

Además, la parte denunciante acusa la existencia de un presunto tráfico de influencias entre el juez Gómez-Atienza y Pedro Zúñiga, quien adquirió el inmueble. Ambos ya habían realizado una transacción inmobiliaria previa, mediada por la esposa del magistrado, Lidia Núñez, lo que acrecienta las dudas sobre la imparcialidad del procedimiento.

Nicolás Otero, hijo de uno de los afectados, sostuvo que existió una “triangulación” para facilitar la venta de la casa familiar. Agregó, además, que el juez le recomendó contratar a una abogada de confianza que posteriormente terminó representando al propio magistrado.

En conversación con La Radio, Gómez-Atienza aseguró que actualmente nadie vive en la propiedad adquirida dos años después del juicio de partición. Sin embargo, una investigación periodística comprobó que su hijo, Beltrán Gómez-Atienza, reside en una de las viviendas del terreno desde antes de su traspaso a la empresa del juez.

El segundo caso afecta a la magistrada árbitra Irlanda Abadie, quien fue querellada por el delito de prevaricación en un juicio de partición desarrollado en el sector Gómez Carreño de Viña del Mar. La causa quedó en manos del Tribunal de Garantía viñamarino.

Mientras tanto, los antecedentes del caso Otero-Otero ya fueron remitidos a la Contraloría General de la República para su evaluación administrativa.