El Senado aprobó la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema Diego Simpertigue, decisión que implicó su remoción inmediata del máximo tribunal del país y que profundizó la crisis institucional que atraviesa el Poder Judicial chileno. Con esta resolución, ya son tres los ministros de la Corte Suprema destituidos durante 2025.
Para que la destitución se concretara bastaba con la aprobación de uno de los tres capítulos del libelo acusatorio. El primer capítulo fue aprobado por unanimidad de la Sala; el segundo fue rechazado con 18 votos a favor, 3 en contra y 20 abstenciones; mientras que el tercer capítulo fue aprobado por 33 votos a favor, 1 en contra y 6 abstenciones.
La votación se realizó la tarde de este lunes, luego de que durante la mañana el Senado analizara la acusación previamente aprobada por la Cámara de Diputadas y Diputados. El libelo se enmarcó en la vinculación de Simpertigue con la denominada “trama bielorrusa” del Caso Audio, uno de los escándalos más graves que ha afectado al sistema judicial chileno en las últimas décadas.
Horas antes de la votación, el ahora exministro negó tajantemente las acusaciones en su contra por notable abandono de deberes, afirmando que “nunca ha habido ninguna irregularidad”.
La acusación constitucional fue presentada por las y los diputados Arturo Barrios, Daniella Cicardini, Luis Cuello, Ana María Gazmuri, Daniel Manouchehri, Daniel Melo, Emilia Nuyado, Lorena Pizarro, Matías Ramírez, Leonardo Soto y Carolina Tello, y se estructuró en tres capítulos.
El primer capítulo acusó una falta grave a los deberes de probidad, abstención e imparcialidad en la causa BelAz Movitec, señalando que Simpertigue habría intervenido directamente en resoluciones que beneficiaron a un consorcio de origen bielorruso por montos superiores a los 11 mil millones de pesos.
El segundo capítulo apuntó a un presunto conflicto de interés en nombramientos notariales, al permitir que su hijastro fuera designado notario interino en una de las notarías más lucrativas de la jurisdicción de San Miguel, mientras el ministro mantenía funciones de supervisión sobre dicha corte.
Finalmente, el tercer capítulo se refirió al caso Fundamenta, donde Simpertigue habría participado en una resolución que favoreció al proyecto inmobiliario EcoEgaña y, semanas después, compartido un crucero con abogados vinculados a la causa.
La destitución de Simpertigue se sumó a las remociones de los exministros supremos Ángela Vivanco y Sergio Muñoz, así como a las destituciones de Antonio Ulloa y Verónica Sabaj desde la Corte de Apelaciones de Santiago, evidenciando un deterioro estructural del Poder Judicial, marcado por cuestionamientos a los estándares de probidad, independencia e imparcialidad en sus más altos niveles.
