La Fiscalía Nacional resolvió abrir una investigación penal en contra de la empresa Andes Iron, titular del proyecto minero-portuario Dominga, así como de los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, actualmente en prisión preventiva en el marco del denominado caso “Muñeca Bielorrusa”, una de las aristas del caso Hermosilla.
La decisión del Ministerio Público se adoptó tras una denuncia presentada por los diputados del Partido Socialista Daniella Cicardini y Daniel Manouchehri, quienes solicitaron indagar una serie de pagos realizados en 2023 por Andes Iron al estudio jurídico Lagos, Vargas & Silber, en un periodo clave para la tramitación judicial del proyecto.
Según los antecedentes entregados a la Fiscalía, la empresa habría efectuado transferencias por un total de $255,5 millones, registradas como honorarios por asesorías jurídicas, mientras el Tribunal Ambiental de Antofagasta revisaba el rechazo del proyecto Dominga emitido previamente por el Comité de Ministros. No obstante, los abogados beneficiados con los pagos no figuraban como litigantes en las causas directamente vinculadas a la iniciativa minera.
La denuncia incorpora cartolas bancarias, un contrato suscrito en marzo de 2023 por UF 7.100, así como antecedentes sobre la distribución interna de los pagos, además de cruces temporales entre las transferencias y resoluciones judiciales favorables al proyecto. A ello se suma una posterior transferencia de $18 millones a la esposa del ministro de la Corte Suprema Jean Pierre Matus, hecho que los parlamentarios estiman necesario esclarecer.
Con estos antecedentes, la Fiscalía estimó que existen elementos suficientes para investigar eventuales delitos de cohecho, soborno y tráfico de influencias, abriendo así un nuevo flanco judicial en la extensa y controvertida tramitación del proyecto Dominga.
Desde el Congreso, el diputado Daniel Manouchehri señaló que es fundamental esclarecer el destino y finalidad real de los pagos, mientras que la diputada y senadora electa Daniella Cicardini sostuvo que, frente a dudas de esta magnitud, corresponde una investigación profunda, transparente y sin privilegios.
En tanto, Andes Iron rechazó categóricamente las acusaciones, asegurando que los hechos denunciados no constituyen delito alguno y calificándolos como una maniobra política y comunicacional destinada a frenar el avance del proyecto. La empresa afirmó que la contratación del estudio jurídico tuvo por objeto análisis legales especializados, sin labores de representación ni lobby judicial, y manifestó su disposición a colaborar plenamente con el Ministerio Público en el desarrollo de la investigación.
