Un grave error administrativo mantiene en incertidumbre a miles de adultos mayores luego de que el Instituto de Previsión Social (IPS) suspendiera el pago de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a cerca de 13 mil beneficiarios, bajo el argumento de que habrían permanecido fuera del país por más de 180 días, situación que los propios afectados niegan categóricamente.
Según información recopilada por 24 Horas, las personas afectadas recibieron una carta oficial donde se les notificó la extinción del beneficio, señalando que, de acuerdo con antecedentes entregados por organismos externos, habrían superado el límite legal de permanencia fuera de Chile durante el año calendario anterior, condición que la normativa establece como causal de término de la PGU.
Sin embargo, numerosas familias aseguran que se trata de un error grave. “Mi mamá no tiene pasaporte, nunca ha salido del país. Es muy grave que le quiten la pensión a gente que depende totalmente de ese dinero”, relató la hija de una de las afectadas.
La misiva enviada por el IPS indica textualmente que los beneficiarios habrían estado fuera del territorio nacional “de forma continua o intermitente” por más de 180 días, lo que activó automáticamente la suspensión del pago. Para revertir la situación, se solicita a los adultos mayores gestionar un Certificado de Viajes ante la Policía de Investigaciones (PDI), entidad que, paradójicamente, es la misma que informa los movimientos migratorios al IPS.
La situación ha generado molestia y angustia entre los afectados. “Nos tratan como delincuentes, y encima nos hacen responsables de solucionar un problema que no causamos”, expresó otra adulta mayor, quien teme quedar sin recursos para enfrentar sus gastos básicos.
Desde el IPS señalaron a Canal 24 Horas que, por mandato legal, revisan periódicamente el cumplimiento del requisito de permanencia en el país, y reconocieron que han recibido reclamos asociados a esta situación, los cuales se encuentran actualmente en proceso de revisión.
De no corregirse el error, el impacto económico sería significativo: se estima que más de $3.380 millones en pagos no serían entregados a los beneficiarios afectados, profundizando la vulnerabilidad de un grupo que depende de esta pensión para su subsistencia diaria.
Mientras tanto, la incertidumbre persiste. “No sabemos si esto se va a solucionar o si realmente vamos a quedar sin dinero”, lamentó una de las afectadas, reflejando la preocupación que hoy comparten miles de adultos mayores en el país.
