Luego de 46 años de funcionamiento, este lunes 12 de enero de 2026 se concretó el cierre definitivo del Servicio Nacional de Menores (Sename), una de las instituciones más cuestionadas de la historia reciente del país debido a reiteradas denuncias por vulneraciones a los derechos de niños, niñas y adolescentes bajo su tutela.
La disolución del organismo se enmarca en el proceso de reestructuración del sistema de infancia y justicia juvenil, iniciado en 2021, cuyo objetivo central fue separar la protección de menores gravemente vulnerados de la administración de justicia para adolescentes infractores de ley, respondiendo así a las recomendaciones de informes nacionales e internacionales y a las conclusiones de diversas comisiones investigadoras del Congreso.
El cierre del Sename se ejecutó de manera gradual y territorialmente escalonada. La clausura operativa comenzó en enero de 2024 en la zona norte del país, continuó en la zona sur a inicios de 2025 y finalizó este lunes en la zona central, completando así el término definitivo de la institución.
Con el cierre, las funciones relacionadas con adolescentes en conflicto con la ley fueron traspasadas al Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, organismo que asume la responsabilidad de ejecutar sanciones con un enfoque especializado, orientado a la reinserción y la reducción de la reincidencia. En paralelo, desde 2021 ya opera el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, encargado exclusivamente de la atención de niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de graves vulneraciones de derechos.
La última directora del Sename, María Eugenia Fernández, encabezó el cierre institucional y, pese a la fuerte carga crítica asociada al nombre del servicio, destacó el trabajo realizado por quienes formaron parte de la institución. “Más allá de las distintas etapas que marcaron su historia, el cierre del Sename representa también un reconocimiento al trabajo de miles de funcionarias y funcionarios”, señaló.
Fernández subrayó además la vocación de los equipos que, en contextos adversos y bajo permanente escrutinio público, “entregaron su compromiso al servicio de niños, niñas y adolescentes en situación de mayor vulnerabilidad”, marcando el cierre de una etapa que dio paso a un nuevo modelo institucional en materia de infancia y justicia juvenil.
El fin del Sename representa un hito estructural en la política pública chilena, con el desafío de que los nuevos servicios logren subsanar las falencias históricas y garanticen estándares efectivos de protección, dignidad y derechos para la niñez y adolescencia del país.
