El Gobierno volvió a pisar el acelerador para intentar, una vez más, poner en marcha la Ley de Empresas de Aplicaciones de Transporte (Ley EAT), conocida popularmente como “Ley Uber”, antes del término de la administración del presidente Gabriel Boric. Sin embargo, los obstáculos técnicos y administrativos continúan complicando seriamente su implementación.
El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones enfrenta un nuevo traspié luego de que, por tercera vez consecutiva, se declarara desierta la licitación destinada a contratar a la empresa encargada de desarrollar la plataforma digital que permitirá el registro y fiscalización de las aplicaciones de transporte y sus conductores. Este escenario se arrastra desde octubre del año pasado.
En el último proceso licitatorio, la única oferta recibida —presentada por la multinacional tecnológica TIVIT Chile— fue declarada inadmisible, al no cumplir con los requisitos técnicos mínimos exigidos en las bases, entre ellos la experiencia comprobable en proyectos informáticos finalizados y certificaciones específicas del equipo profesional propuesto.
La situación genera preocupación en la cartera de Transportes, considerando que la puesta en marcha de la ley depende directamente de esta plataforma tecnológica, clave para la fiscalización y el control de los conductores y empresas de aplicaciones.
Pese a este complejo escenario, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, se mostró optimista y aseguró que el Ejecutivo continúa trabajando intensamente para dejar la normativa operativa antes del cambio de gobierno. “El viernes pasado se subió un nuevo llamado a mercado público para desarrollar esta plataforma”, afirmó la autoridad.
No obstante, al cierre de esta edición, el nuevo proceso aún no registra oferentes, lo que refuerza las dudas respecto a los plazos reales de implementación. Desde el mundo académico, el experto Franco Basso, de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Católica de Valparaíso, advirtió que se trata de un sistema altamente sensible en el manejo de datos y que apresurar su desarrollo podría traer consecuencias negativas. “Usualmente, cuando uno hace algo apurado, termina saliendo mal. Lo más sensato sería que se detuviera esta licitación y que el próximo gobierno realice una revisión completa de la ley”, señaló.
Una postura similar expresó la directora ejecutiva del gremio Alianza IN, Marcela Sabat, quien sostuvo que lo más prudente sería que la administración entrante asuma el desarrollo de la plataforma. “Aquí hay una combinación de factores: problemas técnicos no resueltos y una falta de decisión política para hacerse cargo del impacto real de la implementación de la norma”, afirmó.
La Ley EAT busca regular a todas las aplicaciones de transporte de pasajeros y los servicios asociados a ellas. Sin embargo, la dificultad para adjudicar la plataforma tecnológica que la sustenta se ha convertido en una de las principales trabas para su entrada en vigencia, instalando incertidumbre tanto en el sector público como en las empresas involucradas.
