La contralora general de la República, Dorothy Pérez, reiteró ante la comisión de Educación del Senado que los pagos asociados al Fondo de Financiamiento para la Educación Superior (FES) no pueden ser considerados activos financieros al momento de su otorgamiento, sino que deben contabilizarse como gasto fiscal, ya que no existe una contraprestación ni un derecho adquirido inmediato por parte del Estado.
La autoridad fue invitada a exponer sobre la viabilidad del FES, en el contexto del informe contable emitido por la Contraloría en octubre pasado, donde se estableció que el mecanismo propuesto por el Ministerio de Hacienda no cumple con las condiciones necesarias para ser clasificado como un activo financiero.
Durante su presentación, Pérez explicó que solo en el momento en que se determine el monto a cobrar, en función de los ingresos futuros que eventualmente obtengan los beneficiarios, podría reconocerse un activo financiero, correspondiente a la cuenta por cobrar. “En ese instante recién se podría contabilizar un activo financiero”, precisó.
La contralora descartó además que el FES pueda ser clasificado como préstamo o cuenta por cobrar, ya que estas categorías requieren montos fijos o determinables y una valorización por costo amortizado. En el caso del FES, señaló, “no existe un monto de deuda específico al momento de financiar los estudios, ya que este se define posteriormente según los ingresos del beneficiario”.
Bajo ese escenario, explicó que las eventuales expectativas de recuperación futura podrían ser consideradas como activos contingentes, pero no como activos financieros consolidados. Asimismo, subrayó que, a diferencia del Crédito con Aval del Estado (CAE), el FES no contempla una garantía estatal explícita.
Dorothy Pérez fue enfática en señalar que el análisis de la Contraloría carece de cualquier componente político. “Nosotros no estamos apoyando ni rechazando este proyecto, ni su avance. Nos pronunciamos exclusivamente sobre cómo debe contabilizarse una vez que el instrumento esté completamente diseñado”, afirmó, recalcando que el rol del organismo es verificar la legalidad y el correcto registro contable de las políticas públicas, no evaluar su mérito.
Respecto de la reconsideración solicitada por el Ejecutivo y el impacto fiscal del proyecto, la contralora indicó que se han sostenido reuniones técnicas con el Ministerio de Hacienda y que, una vez ingresadas nuevas indicaciones, la Contraloría podría emitir un nuevo oficio contable, ya que eventuales cambios en el diseño del instrumento podrían modificar sustancialmente su naturaleza.
Tras la exposición de la contralora y del académico Arturo Fermandois, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, presentó una serie de modificaciones al proyecto, con el objetivo de responder a las observaciones técnicas y abrir un espacio de negociación política en el Senado.
Entre los principales cambios, el Ejecutivo propuso que los beneficiarios del FES deban suscribir un contrato al momento de acceder al financiamiento, estableciendo una obligación de pago valorizada en dos etapas. Además, se incorporó un “seguro” que fija como tope máximo de pago el valor presente de lo financiado por el Estado, ajustado por una tasa de descuento.
Asimismo, se propuso reducir el límite máximo de pago desde 3,5 a 2 veces el costo de la carrera, eliminar exigencias de tiempo para el cobro, habilitar el prepago voluntario y flexibilizar las normas de copago para los deciles 7, 8, 9 y 10, diferenciando entre instituciones adscritas a gratuidad y aquellas que solo participen del FES.
Otro punto relevante fue la mantención de las becas por mérito académico, como la Beca de Excelencia Académica y la Beca Vocación de Profesor, cuya eliminación había generado fuertes críticas. También se incorporó el resguardo explícito de la autonomía institucional y un fortalecimiento de los aportes basales a las instituciones del CRUCH.
Con estas modificaciones, el Ejecutivo busca destrabar el debate legislativo y generar un consenso que permita avanzar en la tramitación del FES, uno de los proyectos estructurales de la reforma al financiamiento de la educación superior.
