La Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto Escuelas Protegidas, impulsado por el gobierno del presidente José Antonio Kast, el cual ahora pasará a su segundo trámite legislativo en el Senado.
La iniciativa fue visada con 103 votos a favor, 43 en contra y 3 abstenciones, tras un extenso debate. El proyecto busca reforzar la seguridad en los establecimientos educacionales, otorgando mayores atribuciones a las comunidades escolares, como la posibilidad de revisar mochilas para prevenir hechos de violencia.
Pese al respaldo mayoritario, parlamentarios de oposición manifestaron reparos y anunciaron que recurrirán al Tribunal Constitucional, argumentando que algunos artículos podrían vulnerar derechos fundamentales.
Entre quienes plantearon reservas de constitucionalidad se encuentran las diputadas Emilia Schneider y Daniela Serrano, además del diputado Héctor Ulloa. En total, se presentaron varias observaciones que podrían escalar a una revisión del TC.
Desde la oposición, Schneider sostuvo que el foco debería estar en políticas estructurales como la convivencia escolar, la salud mental juvenil y el control de armas, mientras que otros sectores criticaron eventuales vacíos en la protección de estudiantes, docentes y asistentes de la educación.
En esa línea, también surgieron cuestionamientos desde el Partido de la Gente (PDG), donde la diputada Paula Olmos advirtió que el proyecto no entrega garantías suficientes para resguardar a las comunidades educativas.
Por su parte, desde el Frente Amplio, la diputada Gael Yeomans criticó el rechazo a indicaciones que buscaban mayor resguardo para estudiantes, incluyendo la notificación a apoderados ante revisiones.
Desde el Ejecutivo, la ministra de Educación, María Paz Arzola, defendió el diseño del proyecto, señalando que busca ser flexible para que los establecimientos adapten las medidas a sus realidades sin generar una sobrecarga normativa.
Con su avance al Senado, la iniciativa continuará su tramitación en medio de un debate político que podría trasladarse al Tribunal Constitucional, marcando uno de los proyectos clave en materia de seguridad escolar impulsados por el Gobierno.
