La fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, presentó una querella de capítulos ante la Corte de Apelaciones de Santiago contra la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco Martínez, en el marco de la arista “Muñeca Bielorrusa” del caso Audio. La acción judicial busca hacer efectiva su responsabilidad penal por presuntos delitos de cohecho y lavado de activos cometidos durante su ejercicio en el máximo tribunal.
De acuerdo con la investigación, fallos suscritos por Vivanco en causas relacionadas con el consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec SPA (CBM) habrían obligado a Codelco a desembolsar más de $17.500 millones, favoreciendo directamente a la empresa representada por los abogados Mario Vargas Cociña y Carlos Lagos Herrera, con quienes la exministra mantenía una relación de amistad desde al menos 2022.
La fiscalía sostiene que Vivanco omitió declarar su inhabilidad en diversas resoluciones que beneficiaron a CBM, pese a sus vínculos personales con los abogados del consorcio. A cambio, habría recibido pagos indirectos a través de su conviviente, Víctor Gonzalo Migueles Oteiza, quien actuó como intermediario en transferencias y pagos en efectivo por montos equivalentes a US$14.000 y $45 millones, según detalla la querella.
El documento detalla dos episodios principales: el primero, en septiembre de 2023, cuando la Tercera Sala de la Corte Suprema acogió recursos a favor de CBM, y el segundo, en febrero de 2024, tras la aceptación de un recurso de queja que ordenó nuevos pagos por reajustes e IVA. Ambos fallos contaron con el voto favorable de Vivanco. Parte de los dineros presuntamente recibidos se habrían utilizado en viajes y pagos personales, configurando el delito de lavado de activos, de acuerdo con el Ministerio Público.
La querella busca que la Corte declare admisibles los capítulos presentados, lo que permitiría formalizar a la exministra y solicitar medidas cautelares personales. Según la fiscal Wittwer, Vivanco “se valió de su rol como ministra titular de la Corte Suprema para recibir dinero de abogados con los cuales mantenía una relación personal, interviniendo en decisiones judiciales que beneficiaron directamente a sus representados”.
