Diego Pereira, abogado de la Inmobiliaria San Antonio S.A., empresa propietaria del terreno afectado por la megatoma de San Antonio en la región de Valparaíso, afirmó de manera categórica que la compañía “nunca ha estado disponible para negociar con los usurpadores”, señalando que los ocupantes “atentaron contra el derecho de propiedad de mis representados”.
En entrevista con Radio Bío Bío Valparaíso, Pereira explicó que la inmobiliaria sí ha participado en mesas de negociación con el Gobierno, pero siempre en el marco de gestiones oficiales y nunca con los ocupantes del predio. “Hoy día no existe ningún diálogo abierto con el Ministerio de Vivienda”, enfatizó, agregando que las solicitudes de reuniones con autoridades, incluyendo los ministros de Seguridad Pública y Vivienda, así como la delegación presidencial y el gobernador provincial, han sido rechazadas o no contestadas.
El abogado precisó que la única intención de la empresa es la restitución del derecho de propiedad que les asiste, conforme al fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, ratificado por la Corte Suprema. El pasado 11 de septiembre ingresaron un escrito solicitando el cúmplase del fallo, a la espera de que se fije la fecha del desalojo, proceso que dependerá del Poder Judicial y de la coordinación con el Gobierno.
Pereira agregó que la inmobiliaria está abierta a continuar negociaciones únicamente bajo condiciones que garanticen el cumplimiento del protocolo previamente establecido, incluyendo mecanismos de financiamiento claros y la venta del terreno en un solo acto, elementos que hasta ahora no han sido propuestos ni satisfechos por el Gobierno.
Respecto a la tasación del terreno, el abogado explicó que fue realizada “comercialmente por los propietarios con el afán de llegar a un acuerdo”, subrayando que cualquier diálogo futuro deberá respetar las prerrogativas fijadas en dicho protocolo.
La situación en San Antonio continúa siendo tensa, y la inmobiliaria mantiene su postura de no ceder ante los ocupantes, mientras espera que el fallo judicial se ejecute y se coordine el desalojo conforme a la ley.
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