Tras once extensas jornadas de audiencia, el 12° Juzgado de Garantía de Santiago decretó este martes la prisión preventiva para 62 de los 71 imputados formalizados en el marco de la denominada Operación Apocalipsis, uno de los mayores casos de corrupción detectados al interior del sistema penitenciario chileno. De los imputados que quedaron privados de libertad, 42 se desempeñaban como funcionarios de Gendarmería al momento de los hechos investigados.
Considerando a dos personas que ya se encontraban bajo esta medida cautelar, el total de imputados en prisión preventiva por esta causa asciende a 64, mientras que el resto quedó sujeto a medidas cautelares de menor intensidad.
La investigación, encabezada por la Fiscalía Metropolitana Occidente en conjunto con la Policía de Investigaciones (PDI), permitió desbaratar una extensa red de corrupción que operaba principalmente en los recintos penitenciarios de San Joaquín y Santiago 1, facilitando el ingreso de drogas, teléfonos celulares y otros elementos prohibidos, a cambio de pagos ilícitos.
Desde el Ministerio Público valoraron la resolución judicial. A través de redes sociales, la Fiscalía Metropolitana Occidente destacó que el tribunal dio por acreditados todos los hechos y delitos expuestos, decretando la prisión preventiva de los imputados presentes en la audiencia.
El fiscal regional Occidente, Marcos Pastén, se mostró conforme con el fallo, calificándolo como “sólido y fundado”. Según explicó, el tribunal tuvo por acreditados delitos de cohecho agravado, soborno, asociación criminal, tráfico de drogas, ingreso ilegal de celulares a recintos penales y lavado de activos, entre otras infracciones patrimoniales.
“El tribunal estimó que todos los imputados tuvieron participación en calidad de autores y que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad”, señaló el persecutor, agregando que la red funcionaba como un verdadero “mercado delictual”, con control de oferta y demanda al interior de las cárceles.
Pastén indicó además que la Fiscalía defenderá la resolución ante la Corte de Apelaciones de Santiago, luego de que varias defensas anunciaran recursos de apelación.
Desde la defensa, las críticas no se hicieron esperar. Abogados particulares y de la Defensoría Penal Pública cuestionaron el carácter “genérico” de la resolución, acusando falta de individualización de conductas y ausencia de pruebas específicas en contra de algunos imputados. También denunciaron una estrategia investigativa que, a su juicio, habría “metido a todos en el mismo saco”.
Pese a ello, con las apelaciones anunciadas, el caso entra ahora en una nueva etapa judicial, donde la Corte de Apelaciones deberá revisar una de las investigaciones más complejas y emblemáticas sobre corrupción penitenciaria en el país.
