En pleno casco histórico de La Serena, el Teatro Centenario —antiguamente conocido como Cine Centenario— vive una de sus etapas más inciertas. El emblemático inmueble, que por más de un siglo ha funcionado como espacio de esparcimiento para la comunidad, hoy está en el centro de una compleja disputa judicial entre privados, dejando en suspenso su funcionamiento y con ello, el acceso a la cultura en la capital regional de Coquimbo.
Un conflicto que paraliza la vida cultural de la ciudad
La Serena, reconocida por su riqueza histórica y arquitectónica, cuenta con un solo centro cultural activo, el Teatro Centenario. Sin embargo, desde 2022, el recinto está envuelto en un conflicto legal entre el arrendatario del inmueble, Luis Retamal (Sociedad Alta Cruz Ltda.), y el subarrendatario actual, Sebastián Bravo, abogado y gestor del espacio.
Retamal exige el pago de más de $90 millones en rentas impagas desde abril de 2024, acusando a Bravo de incumplir el contrato y de no tener intención de regularizar la situación. Por su parte, Bravo acusa graves incumplimientos previos del contrato por parte de Retamal, que habrían impedido el desarrollo del proyecto cultural:
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Falta de recepción municipal del inmueble, lo que impide su habilitación formal.
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Techumbre sin reparar, poniendo en riesgo la integridad del edificio.
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Suministros de agua y electricidad compartidos, generando conflictos con otros locales.
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Amenazas por parte de terceros, arrendatarios del mismo predio.
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Facturas irregulares, emitidas por sociedades sin relación con el contrato.
Ambos han llevado el conflicto a la justicia civil y penal, cruzando denuncias y querellas por incumplimiento de contrato, estafa, violencia y otras acusaciones graves.
Historia del inmueble y vínculo con el Arzobispado
El inmueble pertenece al Arzobispado de La Serena desde 1910. Por décadas, fue arrendado con el compromiso de mantener su función cultural y recreativa. Tras el terremoto de 2019 que afectó a la Región de Coquimbo, el edificio fue parcialmente restaurado y licitado en 2020, siendo adjudicado a la Sociedad Alta Cruz Ltda., con la posibilidad de subarrendarlo, siempre respetando su uso cultural.
En junio de 2022, Sebastián Bravo firmó contrato de subarriendo, con un acuerdo que le eximía del pago de arriendo durante el primer año, a cambio de invertir en mejoras del recinto. Según su versión, desde el inicio enfrentó múltiples dificultades que derivaron en la actual situación legal.
Escalada judicial
En 2024, tras varios meses sin pagos, Luis Retamal presentó una demanda civil por incumplimiento contractual, buscando la recuperación del inmueble y el cobro de la deuda. Bravo, a su vez, interpuso acciones legales en tribunales civiles y penales, incluyendo una querella por estafa, daños, y amenazas, acusando ser víctima de una estructura contractual que considera engañosa.
Ambas partes se acusan mutuamente de obstaculizar el cumplimiento del contrato, mientras el espacio permanece en el limbo.
🕊️ El rol del Arzobispado y el futuro del teatro
Consultado por Radio Bío Bío, el Arzobispado de La Serena, dueño del inmueble, aclaró que no se involucrará directamente en el conflicto, ya que arrendó el recinto con derecho a subarriendo. Sin embargo, reiteró su voluntad de que el teatro mantenga su finalidad original: servir como espacio cultural y de esparcimiento, especialmente para los jóvenes de la ciudad.
Mientras el conflicto no se resuelva en tribunales, el único centro cultural de La Serena permanece atrapado en una disputa privada, con una comunidad local que ve cómo uno de sus espacios más valiosos permanece en riesgo de cierre o abandono.
FUENTE, INVESTIGACION BIOBIO.CL
