Un contrato a honorarios suscrito por la Municipalidad de Coquimbo ha generado cuestionamientos, luego de conocerse que el abogado Diego Egaña Ibarra, quien figura como asesor jurídico externo, reside en España desde septiembre de 2024.
De acuerdo a los registros de Transparencia Activa, el profesional fue contratado el 1 de enero de 2025, con un sueldo bruto mensual de $1.500.000, bajo la modalidad de “honorario a suma alzada”, para entregar asesoría jurídica especializada en materias donde no existe experiencia interna en el municipio.
Sin marcaje ni horario
El contrato —firmado por el propio Egaña y el alcalde Ali Manouchehri— establece que el abogado no está sujeto a jornada ni control de asistencia, pero sí debe entregar informes mensuales, los que deben ser visados por su jefatura directa para autorizar el pago de sus honorarios.
No obstante, no hay detalles públicos sobre el mecanismo de supervisión efectiva, considerando que el abogado se encuentra a más de 10.000 kilómetros de distancia, en otro país.
¿Hay fiscalización real?
La normativa exige que los servicios a honorarios sean debidamente fiscalizados, y que el no cumplimiento de funciones puede derivar en el término anticipado del contrato. Esto abre interrogantes sobre el cumplimiento efectivo del rol de Egaña Ibarra como asesor externo y los mecanismos que utiliza el municipio para garantizar su rendimiento.
Alcalde defiende la contratación
Consultado por Diario El Día, el alcalde Ali Manouchehri defendió el vínculo contractual y descartó irregularidades. “Él cumple con lo que el contrato exige. Emite sus informes, que son aprobados por su jefatura. Este tipo de asesorías no requieren asistencia presencial ni marcaje. Las críticas vienen con clara intencionalidad política”, aseguró.
