Los gobiernos de Chile, Brasil, Colombia, México, Uruguay y España emitieron este domingo una declaración conjunta en la que manifestaron su rechazo a la intervención militar unilateral de Estados Unidos en territorio venezolano, advirtiendo que se trata de un “precedente sumamente peligroso” para la paz y la seguridad regional.
En el comunicado, los seis países expresaron su “profunda preocupación y rechazo frente a las acciones militares ejecutadas unilateralmente en Venezuela”, señalando que estas contravienen principios fundamentales del derecho internacional consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, como la prohibición del uso o la amenaza de la fuerza, el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los Estados.
Las autoridades firmantes advirtieron que este tipo de acciones “ponen en riesgo a la población civil” y generan un escenario de inestabilidad que podría afectar a toda la región. En ese contexto, recalcaron que la situación en Venezuela debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas, mediante el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano, sin injerencias externas.
Asimismo, los gobiernos reafirmaron que solo un proceso político inclusivo, liderado por las propias y los propios venezolanos, puede conducir a una solución democrática, sostenible y respetuosa de la dignidad humana.
En otro de los puntos del comunicado, los países reiteraron el carácter de América Latina y el Caribe como zona de paz, haciendo un llamado a la unidad regional más allá de las diferencias políticas, frente a cualquier acción que ponga en riesgo la estabilidad regional. En esa línea, instaron al secretario general de la ONU, António Guterres, y a los Estados que integran mecanismos multilaterales pertinentes, a utilizar sus buenos oficios para contribuir a la desescalada de las tensiones y a la preservación de la paz.
Finalmente, manifestaron su preocupación ante cualquier intento de control gubernamental, administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos, advirtiendo que estas prácticas son incompatibles con el derecho internacional y amenazan la estabilidad política, económica y social de la región.
