A un año de ser ratificada como contralora general, Dorothy Pérez vuelve a marcar la agenda con una serie de investigaciones que apuntan a distintos organismos públicos. Tras el impacto de su indagatoria por fraudes en licencias médicas, ahora la Contraloría amplía su lupa hacia seis nuevas áreas.
Entre los principales focos se encuentran los proyectos de obras públicas inconclusos o abandonados, con un informe que busca identificar pagos por trabajos no ejecutados y eventuales incumplimientos contractuales.
También ordenó fiscalizaciones en terreno en aduanas y puertos de diez regiones del país, para detectar debilidades en los controles fronterizos y el funcionamiento de escáneres y sistemas de seguridad.
Otro eje de atención será el uso irregular de viviendas fiscales, donde se han detectado casos de funcionarios que ocupan inmuebles estatales por décadas sin justificación o pagando arriendos mínimos.
Pérez además instruyó una revisión del uso de subsidios y beneficios sociales, tras detectarse entregas a personas de altos ingresos, y adelantó que este será uno de los ejes centrales del plan de fiscalización 2026.
Finalmente, Contraloría investigará el error en el cálculo de las tarifas eléctricas que derivó en la salida del exministro Diego Pardow, y deberá pronunciarse sobre el conflicto entre la Superintendencia de Educación y los colegios subvencionados por la no renovación de matrículas a alumnos con deudas.
“Queremos asegurarnos de que los recursos del Estado lleguen realmente a las personas más vulnerables”, señaló Pérez, reafirmando su sello de control estricto sobre el gasto público.
