En el Congreso comenzó la tramitación de un proyecto de ley que busca reforzar la responsabilidad de los apoderados frente a situaciones de acoso escolar, mediante una modificación a la Ley General de Educación de Chile.
La iniciativa, impulsada por la senadora María José Gatica, plantea que los padres o tutores puedan ser sancionados cuando no adopten medidas tras ser informados por un establecimiento educacional sobre conductas de bullying protagonizadas por sus hijos.
El proyecto surge en medio de la creciente preocupación por casos de hostigamiento escolar que afectan la seguridad emocional de los estudiantes y que, en situaciones extremas, han derivado en consecuencias graves para las víctimas. Según explicó la parlamentaria, actualmente los colegios cuentan con protocolos de acción, pero muchas veces estos resultan insuficientes si no existe una colaboración efectiva desde el hogar.
La propuesta legislativa contempla la incorporación de un artículo al marco legal vigente que establece multas de hasta 50 unidades tributarias mensuales (UTM) para los apoderados que, tras ser notificados formalmente por el colegio, no tomen medidas para evitar la reiteración de conductas de acoso escolar. En caso de reincidencia, la sanción podría duplicarse.
El objetivo, señalan sus impulsores, no es generar nuevas estructuras burocráticas, sino cerrar un vacío legal y promover una mayor corresponsabilidad entre el sistema educativo y las familias en la formación y cuidado de los estudiantes.
En ese sentido, el proyecto busca fortalecer la prevención del bullying desde un enfoque social integral, donde el rol de los padres se considere clave para detener conductas agresivas y proteger a los menores dentro de las comunidades escolares.
