El diputado independiente pro PPD, Jaime Araya, ofició a la ministra Secretaría General de Gobierno, Mara Sedini, solicitando la suspensión de funciones de Cristián Valenzuela, autoridad vinculada a la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia, luego del dictamen emitido por la Contraloría General de la República.
La acción surge tras la polémica generada por una publicación oficial del Ejecutivo que aludía a un supuesto “Estado en quiebra”, afirmación que —según el ente contralor— no contó con respaldo técnico suficiente. En su resolución, la Contraloría advirtió que el contenido no se ajustó a los estándares de moderación y mesura exigidos a las autoridades, además de reconocer que pudo inducir a confusión en la ciudadanía.
A raíz de estos antecedentes, el organismo instruyó la eliminación del mensaje y ordenó la apertura de un sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades.
En este contexto, Araya planteó la necesidad de adoptar medidas preventivas mientras se desarrolla la investigación. Entre ellas, solicitó la suspensión temporal de Valenzuela, con el objetivo de resguardar la integridad del proceso y evitar cualquier tipo de interferencia.
Asimismo, el parlamentario pidió la designación de un fiscal que garantice imparcialidad en la investigación, subrayando que la medida no constituye un prejuzgamiento, sino una acción proporcional frente a la gravedad de los hechos.
Finalmente, el legislador enfatizó que este caso requiere una señal clara por parte del Gobierno en materia de probidad, transparencia y responsabilidad en el ejercicio de la función pública.
