El mercado eléctrico chileno podría experimentar un remezón de proporciones si se concreta la negociación que actualmente mantiene China Southern Power Grid para adquirir la mayoría de la chilena Transelec, principal transmisora de energía del país.
El eventual acuerdo se suma al fuerte avance que ya registra el holding estatal chino en este sector. Actualmente, State Grid, también controlada por la Comisión de Supervisión y Administración de Activos del Consejo de Estado (SASAC) de China, posee la propiedad de Chilquinta, la Compañía General de Electricidad (CGE) y la empresa Tecnored.
De materializarse la operación, ambas compañías —Southern Power Grid y State Grid— pasarían a controlar en conjunto al mayor transmisor eléctrico y a las dos principales distribuidoras del país, concentrando así un rol estratégico en la matriz energética nacional.
Riesgos de concentración y conflictos de interés
El escenario ha levantado dudas sobre eventuales conflictos de interés. En Chile, desde 2016 está prohibida la integración vertical entre transmisión, generación y distribución.
“Desde el punto de vista competitivo, el potencial conflicto podría venir de su relación con otras transmisoras o distribuidoras, pudiendo discriminar o coordinar inversiones en su propio beneficio y no en el del sistema”, explicó Nicolás Riquelme, académico de la Universidad de los Andes.
El especialista advirtió que la clave está en la eventual coordinación entre las firmas estatales chinas: “Si Southern Power Grid y State Grid toman decisiones en conjunto, ello iría en contra de la independencia en las distintas etapas del mercado eléctrico, que es justamente lo que busca la normativa chilena”.
¿Qué pasa con la regulación?
No obstante, los expertos recuerdan que tanto la transmisión como la distribución eléctrica son mercados regulados en Chile, con tarifas fijadas por la Comisión Nacional de Energía (CNE).
“Desde ese punto de vista no se ve un efecto inmediato en los precios. Sin embargo, hacia el futuro, las decisiones de inversión o de expansión del sistema sí podrían verse influidas”, agregó Riquelme.
El académico apuntó además que, dada la magnitud de la transacción, es probable que sus implicancias sean revisadas en detalle por las autoridades regulatorias. “El hecho de que ambos sectores estén regulados podría jugar a favor de que la operación sea aprobada”, concluyó.
