Este lunes entran en vigencia los sumarios administrativos ordenados por el Gobierno en todos los ministerios y servicios públicos, a raíz del informe de la Contraloría General de la República que reveló un uso masivo y fraudulento de licencias médicas por parte de funcionarios públicos.
El ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, afirmó que habrá “tolerancia cero” frente a la falta de probidad, y que en los casos en que se compruebe responsabilidad, se aplicarán sanciones severas, incluida la destitución de los funcionarios involucrados.
Paralelamente, el Gobierno publicó este sábado una nueva ley que endurece las sanciones para los médicos que emitan licencias falsas. Esta normativa refuerza la ofensiva del Ejecutivo para frenar el mal uso de estos permisos que generan un alto costo fiscal.
Sin embargo, desde el Congreso surgieron fuertes críticas a la falta de fiscalización en años anteriores. El senador Juan Luis Castro cuestionó la baja efectividad del convenio entre la Superintendencia de Seguridad Social y la PDI, vigente desde 2014, mientras que Francisco Chahuán denunció que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez no recibió financiamiento del Ministerio de Hacienda para ejercer su labor.
Expertos como el exsuperintendente de Salud, Sebastián Pavlovic, y el exministro Álvaro Erazo coincidieron en la necesidad de modernizar los sistemas de control y destinar más recursos para evitar fraudes y proteger los derechos de los trabajadores que realmente requieren reposo.
Finalmente, el abogado Raimundo Palamara, de la Fundación Fuerza Ciudadana, presentó una querella criminal por fraude al fisco, apuntando a altos mandos y jefaturas de servicios públicos.
