El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, José Miguel Castro (RN), anunció su intención de acelerar la tramitación del proyecto de ley que establece una multa al voto obligatorio, iniciativa presentada por la diputada Joanna Pérez (Demócratas).
Castro informó que ha sostenido conversaciones con parlamentarios de la oposición y que este martes propondrá a los comités parlamentarios la realización de una sesión especial para abordar el proyecto.
“Mañana voy a conversar con los comités, que es la instancia donde hay mayor participación y donde están todos los representados de la Cámara, para hablar acerca de la posibilidad de una sesión especial para eso”, indicó.
El parlamentario manifestó su respaldo a la iniciativa de Pérez, calificándola como “consensuada y razonable”, destacando la necesidad de fomentar la participación electoral efectiva. “Yo creo que el proyecto de Joanna Pérez es un proyecto absolutamente razonable”, afirmó.
Multas entre 0,5 y 3 UTM
El proyecto contempla multas que van entre 0,5 y 3 UTM —equivalentes a aproximadamente entre $34.000 y $200.000— para quienes no concurran a votar sin causa justificada. Esta sanción se enmarca en el nuevo régimen de voto obligatorio, restablecido por el Congreso en 2023.
Castro recordó que existen otras iniciativas legislativas sobre el mismo tema que han estado estancadas en el Parlamento, pero aclaró que su atribución como presidente de la Cámara le permite dar prioridad a la propuesta de la diputada Pérez.
“Me gusta también el otro proyecto, creo que es muy bueno, pero el que tengo la potestad para poner en tabla es el de Joanna Pérez. Ese es el que puedo ejercer y no me voy a inhibir de hacerlo”, señaló.
Urgencia democrática
El presidente de la Cámara recalcó la importancia de avanzar prontamente en una legislación que establezca sanciones claras, como complemento al voto obligatorio, con el objetivo de fortalecer la democracia y la participación ciudadana.
Cabe recordar que, en las últimas elecciones con voto obligatorio, se registraron altas tasas de participación, pero también un número considerable de personas que no asistieron a sufragar. El proyecto busca normar y sancionar estas omisiones de manera uniforme y disuasiva.
