La Contraloría General de la República (CGR) detectó serias deficiencias en los controles de la Dirección General de Crédito Prendario (Dicrep), conocida popularmente como “Tía Rica”, luego de constatar que durante los años 2023 y 2024 el organismo entregó más de $1.500 millones a personas con antecedentes penales que empeñaron especies de presunta procedencia ilícita.
De acuerdo con el informe de auditoría, un total de 1.681 personas con antecedentes penales realizaron operaciones de empeño por un monto acumulado de $1.507 millones, sin que se verificara adecuadamente el origen de los bienes entregados en prenda. Además, dichas personas no recuperaron las especies empeñadas, lo que refuerza la sospecha sobre la eventual procedencia irregular de los objetos.
La CGR apuntó a un “débil control” en los procedimientos de la Dicrep, organismo que históricamente se ha caracterizado por no discriminar a los usuarios, exigiendo únicamente ser mayor de 18 años y presentar cédula de identidad para acceder a los créditos prendarios. Sin embargo, esta política habría facilitado que personas con amplio historial delictual utilizaran reiteradamente el servicio.
La auditoría detalló que en 2023 se registraron 4.769 usuarios con transacciones recurrentes, con entre 10 y 229 empeños por persona, alcanzando un total de $7.139 millones. En 2024, la cifra aumentó a 4.895 usuarios, con operaciones por $7.290 millones y casos de hasta 230 empeños realizados por una sola persona en un año.
Asimismo, el organismo fiscalizador evidenció la ausencia de procedimientos básicos para verificar datos personales, la procedencia lícita de los bienes y la identidad efectiva de los usuarios. También se constató la inexistencia de sistemas de alerta frente a operaciones reiteradas y la falta de coordinación con las policías, pese a que muchas de las especies empeñadas cuentan con información relevante para investigaciones, como números de serie y modelos.
Frente a estos antecedentes, la Contraloría anunció la instrucción de un procedimiento disciplinario para establecer responsabilidades administrativas, además de remitir el informe al Ministerio Público. Junto con ello, ordenó a la Dicrep fortalecer sus controles internos, medidas que serán evaluadas en una futura fiscalización de seguimiento.
