Bajo el liderazgo de la contralora Dorothy Pérez, la Contraloría General de la República (CGR) ha puesto en marcha una innovadora herramienta de fiscalización: los Consolidados de Información Circularizada (CIC). A través del cruce masivo de datos de distintos organismos estatales, esta metodología busca identificar vacíos de gestión, irregularidades administrativas y posibles desvíos de recursos.
Desde su implementación en enero de este año, se han publicado 10 informes CIC, y ya se encuentran en desarrollo al menos 20 nuevos reportes, los que abordarían temáticas tan sensibles como:
Viajes de funcionarios con licencia médica (incluyendo Fuerzas Armadas y de Orden).
Doble empleo en el sector público.
Deudas de universidades estatales.
Rendiciones pendientes de embajadas y consulados.
Hospitales sin médicos.
Uso irregular de propiedades fiscales.
Seguridad municipal y uso del recurso hídrico.
Fiscalización con enfoque preventivo
A diferencia de las auditorías tradicionales, los CIC no se enfocan en un solo caso o institución, sino que analizan problemáticas estructurales mediante el cruce de datos provenientes de múltiples organismos. Esto permite detectar patrones, medir el cumplimiento de normas y realizar comparaciones a nivel nacional.
“La fiscalización ya no será solo reactiva. Apuntamos a prevenir la corrupción y mejorar la eficiencia antes de que los problemas estallen”, es el mensaje que proyecta esta nueva etapa de la CGR.
Accesibilidad y transparencia
Los informes CIC son públicos y de fácil comprensión, lo que permite a la ciudadanía, especialistas y autoridades conocer el desempeño del Estado en áreas clave. Algunos de los reportes ya publicados han expuesto:
Funcionarios públicos que viajaron al extranjero con licencias médicas activas.
Personal de salud que, estando con licencia, asistió partos en clínicas privadas.
Incumplimientos de normas ambientales y de transparencia en gobiernos locales.
El nuevo estándar de control
La implementación de los CIC responde a una promesa hecha por Dorothy Pérez al asumir la Contraloría en octubre de 2024: modernizar la fiscalización y hacerla más efectiva, accesible y preventiva.
El impacto de estos informes podría remecer a instituciones como municipalidades, ministerios, universidades y servicios públicos, en una señal clara de que la supervisión estatal entra en una nueva era. La consigna, desde la CGR, es clara: “Se acabó el recreo”.
