Un informe final de la Comisión Asesora Presidencial de Expertos para la Actualización de la Medición de la Pobreza reveló un drástico aumento en la tasa de pobreza en Chile al aplicar una nueva metodología: la cifra pasaría del 6,5% al 22,3%, según datos corregidos de la Encuesta Casen 2022.
La revisión metodológica considera factores más amplios y actualizados, que permiten captar con mayor precisión la realidad económica de los hogares. Aun así, la pobreza calculada con esta nueva fórmula en 2022 sigue siendo menor que en 2017 (24,2%) y en 2020 (32,2%), también recalculados bajo este nuevo enfoque.
Un enfoque más exigente
La Comisión —constituida en diciembre de 2023 y activa hasta mayo de 2025— recomendó actualizar la canasta básica de alimentos, incorporar adecuadamente los costos reales de arriendo y ajustar los ingresos monetarios efectivos, eliminando el llamado “alquiler imputado” como ingreso.
“El criterio actual pierde validez en países de ingresos medios-altos como Chile. El problema ya no es el déficit de calorías, sino el exceso y la mala calidad nutricional de los alimentos”, detalla el informe.
Uno de los hallazgos más críticos es que 24 mil hogares no registraron ingresos monetarios en 2022, pero no fueron considerados en situación de pobreza debido a ingresos ficticios por “alquiler imputado”.
Pobreza multidimensional: nuevos factores
Además del enfoque monetario, el informe propone una ampliación de la medición de la pobreza multidimensional, que ya considera salud, educación, vivienda, trabajo y cohesión social.
Se agregan ahora seis nuevos indicadores:
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Aprendizaje insuficiente según resultados Simce.
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Asistencia a controles preventivos para niños.
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Dependencia funcional.
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Labores de cuidado no remunerado.
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Gasto excesivo en vivienda (más del 30% de ingresos).
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Falta de conectividad digital.
Con estos criterios, se espera una medición más ajustada a la realidad social contemporánea, aunque se anticipa que las cifras de pobreza multidimensional también aumenten.
Recomendaciones clave del informe:
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Reemplazar el concepto de “canasta básica” por una de alimentación saludable.
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Separar la línea de pobreza según si los hogares pagan o no arriendo.
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Eliminar el alquiler imputado de los ingresos familiares.
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Reajustar el costo de la vivienda según su variación real y no el IPC general.
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No utilizar los datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) 9, por estar distorsionados por los retiros de fondos previsionales y bonos estatales.
Un giro metodológico que redefine la política pública
Si bien estas recomendaciones no son vinculantes, podrían marcar un punto de inflexión en la manera en que Chile mide y enfrenta la pobreza. Desde la Comisión se enfatiza que las actualizaciones metodológicas “siempre tienden a reflejar cifras más altas”, pero también más fieles a la realidad.
En un contexto donde el desempleo bordea el 9% y la informalidad sigue elevada, estas cifras recalculadas podrían redefinir el diseño de las políticas sociales, focalización de ayudas y prioridades presupuestarias.
