Los diputados socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini anunciaron este martes la presentación de una Acusación Constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, luego de los nuevos antecedentes revelados en el marco de la denominada “Trama Bielorrusa”. Paralelamente, ingresaron una denuncia en la Fiscalía Nacional para que se investigue a todos quienes resulten responsables de eventuales delitos asociados a esta red de influencias y presiones.
La acción surge tras publicaciones de CIPER, El Mostrador y Reportea que vinculan al magistrado con el mismo entramado por el cual hoy se investiga al entorno de la exministra Ángela Vivanco. Según dichos reportes, Simpertigue habría votado en dos ocasiones a favor del consorcio chileno-bielorruso CBM (Belaz-Movitec) en litigios contra Codelco, firmando el fallo que obligó a la estatal a pagar más de 1.026 millones de pesos.
Lo que detonó la ofensiva parlamentaria es un antecedente calificado como “gravísimo”: dos días después de concluido el caso, el ministro Simpertigue viajó a Europa en un crucero junto al abogado del consorcio, Eduardo Lagos, imputado en la investigación por cohecho que involucra a Vivanco. Reportea sostiene que este viaje podría constituir un conflicto de interés directo.
El diputado Manouchehri señaló que estos hechos configuran “un esquema escandaloso”, advirtiendo además posibles gestiones irregulares del magistrado en favor del juez Antonio Ulloa. “Esto no puede quedar así. Chile merece una justicia limpia y sin redes de corrupción”, declaró, confirmando la presentación de una denuncia para que el Ministerio Público investigue a fondo.
En tanto, la diputada Cicardini insistió en que las revelaciones superan cualquier coincidencia. “Si un ministro se va de paseo con quienes favoreció en un fallo millonario, eso no es casualidad. Cada día aparecen antecedentes más groseros”, afirmó, recalcando la necesidad de avanzar con la Acusación Constitucional y transparentar todas las responsabilidades.
Ambos parlamentarios llamaron al Ministerio Público a indagar eventuales delitos de cohecho, soborno, tráfico de influencias, prevaricación y otros ilícitos que pudieran surgir en la investigación. “Nuestro deber es proteger la credibilidad de la justicia chilena”, sentenció Cicardini.
