El Gobierno del Presidente José Antonio Kast ingresó este lunes al Senado un proyecto de reforma constitucional destinado a fortalecer el sistema nacional de seguridad pública y crear un nuevo estado de excepción constitucional, como parte de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT).
La iniciativa fue enviada con suma urgencia, por lo que el Congreso dispone de un plazo de 15 días para abordar su discusión. El proyecto contempla ocho modificaciones a la Constitución y busca ampliar las herramientas del Estado para enfrentar el crimen organizado, el terrorismo y situaciones consideradas graves para la seguridad pública.
Las ocho medidas de la propuesta
1. Seguridad pública como deber del Estado
La reforma busca incorporar expresamente la seguridad pública dentro de los deberes del Estado, junto con la obligación de resguardar la seguridad nacional.
2. Nuevas herramientas contra el crimen organizado
Se propone incorporar un nuevo artículo 9° bis destinado a establecer una protección constitucional de la seguridad pública frente al crimen organizado.
Entre las medidas se consideran regímenes penitenciarios diferenciados, restricciones a las comunicaciones, visitas y traslados de personas condenadas por delitos vinculados al crimen organizado, además de limitaciones a determinados beneficios penitenciarios cuando sean necesarios para impedir que continúen coordinando actividades ilícitas desde las cárceles.
La propuesta también contempla inhabilitación perpetua para ejercer cargos o funciones públicas para quienes sean condenados por delitos relacionados con el crimen organizado.
3. Registro de organizaciones criminales
El proyecto permitiría que una ley establezca registros de organizaciones criminales. La incorporación de una agrupación a este registro podría generar efectos en la determinación de la responsabilidad penal de sus integrantes, manteniéndose la obligación del Ministerio Público de acreditar la participación individual de cada imputado.
4. Facultad presidencial para declarar organizaciones criminales o terroristas
El Presidente podría declarar que una agrupación constituye una organización terrorista o de crimen organizado, previo informe fundado del Ministerio Público o del Consejo de Seguridad Nacional.
Esta declaración deberá posteriormente ser aprobada por el Senado mediante un quórum de dos tercios de sus integrantes en ejercicio, en una sesión secreta.
5. Incorporación de una amenaza grave a la seguridad pública
La reforma amplía las circunstancias que permitirían adoptar medidas excepcionales, incorporando la posibilidad de actuar frente a una amenaza grave e inminente o una afectación grave de la seguridad pública.
6. Creación de un nuevo estado de excepción
Uno de los principales cambios corresponde a la creación del estado de excepción constitucional de seguridad pública.
Este mecanismo podría ser decretado por el Presidente ante una amenaza grave e inminente contra la seguridad pública o cuando esta ya haya sido gravemente afectada.
El estado de excepción podría extenderse inicialmente por hasta 120 días, con posibilidad de una prórroga por igual período. Para nuevas extensiones sería necesario contar con la aprobación del Congreso Nacional.
Durante su vigencia, las zonas afectadas quedarían bajo la dependencia inmediata del oficial general designado por el Presidente. Las atribuciones de esta autoridad y las facultades de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública serían determinadas por una ley orgánica constitucional.
7. Mayores facultades durante el estado de excepción
El proyecto contempla que, durante este nuevo régimen excepcional, el Presidente pueda suspender o restringir la libertad personal y de locomoción y el derecho de reunión.
También se propone permitir restricciones al derecho de asociación, así como la posibilidad de interceptar, abrir o registrar determinados documentos y comunicaciones y disponer la requisición de bienes.
8. Mayor participación del Senado
Finalmente, la iniciativa establece un rol específico para el Senado en la declaración presidencial respecto de organizaciones consideradas terroristas o vinculadas al crimen organizado.
La Cámara Alta deberá aprobar o rechazar la declaración en sesión secreta y por dos tercios de sus miembros en ejercicio, dentro de un plazo de cinco días desde que reciba la solicitud, sin posibilidad de introducir modificaciones.
El proyecto lleva las firmas del Presidente José Antonio Kast y de los ministros del Interior, Claudio Alvarado; Defensa, Fernando Barros; Seguridad Pública, Martín Arrau; y Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot.
La propuesta deberá ahora iniciar su tramitación legislativa en el Senado, donde se abrirá el debate sobre el alcance de las nuevas facultades constitucionales y los mecanismos de control asociados al eventual estado de excepción de seguridad pública.
