La Contraloría General de la República solicitó formalmente que la exalcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato (UDI), junto a otros exfuncionarios de la Corporación Municipal de Viña del Mar (CMVM), restituyan un total de $1.122.359.123, por su presunta responsabilidad en un perjuicio financiero ocasionado entre los años 2020 y 2023.
La medida se materializó a través de una demanda de reparo notificada por la Inspectoría del organismo contralor, la cual se fundamenta en un informe emitido en 2024. En dicho documento se concluye que la CMVM debió asumir el pago de intereses, reajustes y gastos de cobranza debido al incumplimiento reiterado en el pago oportuno de cotizaciones previsionales y de salud de sus trabajadores, generando un detrimento significativo para los recursos públicos.
Según detalló la Contraloría, durante el período investigado se habrían utilizado recursos correspondientes a las cotizaciones de los trabajadores para fines distintos a los legalmente establecidos, práctica que habría derivado en un daño patrimonial directo a la corporación municipal. Asimismo, el informe consigna que las negligencias administrativas detectadas se remontan incluso a períodos anteriores, entre 1990 y 2009, evidenciando una problemática estructural en la gestión financiera de la entidad.
El organismo fiscalizador explicó que “el daño provocado en el patrimonio de la CMVM se produjo como consecuencia de conductas culposas de los cuentadantes, consistentes en haber incumplido las obligaciones propias de sus cargos, particularmente el deber de enterar oportunamente las cotizaciones previsionales y de salud”.
La Contraloría Regional de Valparaíso imputó responsabilidad civil a once exdirectivos de la corporación, entre ellos la exalcaldesa Reginato; la ex presidenta del directorio, Eugenia Garrido; además de exgerentes generales y exdirectores de las áreas de finanzas y recursos humanos. La acción fue presentada ante el Juzgado de Cuentas, solicitando que se admita la demanda y que los involucrados sean condenados solidariamente al pago del monto adeudado, lo que implica que cualquiera de los demandados podría verse obligado a responder por el total para resguardar el patrimonio público.
La solicitud se sustenta en abundante documentación, que incluye más de 30 comprobantes de egreso y contratos de trabajo, los cuales acreditarían los incumplimientos señalados.
Reacciones desde el Concejo Municipal
El caso generó diversas reacciones entre concejales de Viña del Mar. El edil Alejandro Aguilera (Frente Amplio) afirmó que esta situación “es una prueba de lo que significó la administración de más de 17 años de la exalcaldesa Virginia Reginato y que hoy comienza a mostrar su verdadera dimensión”, agregando que espera que el Estado logre recuperar los recursos “que pertenecen a todos los viñamarinos y viñamarinas”.
En la misma línea, la concejala Nancy Díaz (FA) sostuvo que “tras años de juicios y negaciones, hoy queda en evidencia un desfalco en la CMVM”, subrayando que las consecuencias financieras aún afectan a la comunidad local.
Por su parte, el concejal Carlos Williams (IND) adoptó una postura más cauta, señalando que será el Tribunal de Cuentas el encargado de determinar, con base en los antecedentes presentados por la Contraloría y la defensa de los acusados, las eventuales sanciones que correspondan aplicar.
