Un positivo balance de la gestión desarrollada durante el año 2025 realizó el Ministerio del Trabajo y Previsión Social en la Región de Atacama, destacando avances estructurales a nivel nacional y una intensa labor territorial junto a sus servicios dependientes, orientada a mejorar las condiciones laborales, previsionales y de protección social de trabajadoras y trabajadores de la región.
Desde la cartera señalaron que durante 2025 se consolidaron importantes reformas impulsadas por el Gobierno, entre ellas la Reforma de Pensiones, aprobada en marzo de 2026, pero con hitos relevantes ya implementados el año anterior. En ese marco, se concretó la entrada en vigencia del Seguro de Lagunas Previsionales en mayo, la nueva cotización adicional del 1% a cargo del empleador desde agosto y el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a partir de septiembre. A estas medidas se sumó la consolidación de la jornada laboral de 44 horas semanales, como parte de la implementación gradual de la Ley de 40 Horas, y el incremento del salario mínimo a $529.000 en mayo de 2025, proyectándose un nuevo aumento a $539.000 durante 2026.
En el plano regional, el Instituto de Previsión Social (IPS) desarrolló una amplia labor de atención ciudadana, registrando 91.554 atenciones en la red Chile Atiende de Atacama y 3.180 atenciones en terreno. Además, se realizaron 66 charlas informativas sobre la Reforma de Pensiones y beneficios previsionales, alcanzando a 1.659 personas en distintas comunas de la región.
Actualmente, Atacama cuenta con 35.290 personas beneficiarias de la PGU, con un pago mensual total que alcanza los 7.912 millones de pesos. En septiembre, 5.903 pensionadas y pensionados mayores de 82 años recibieron el incremento del beneficio, elevando el monto desde $224.004 a $250.000.
Durante 2025 también se avanzó en el proyecto del Centro de Atención Integral del IPS en Huasco, iniciativa que prontamente iniciará su funcionamiento diario y que considera una inversión superior a los 118 millones de pesos, incorporando criterios de eficiencia energética y sostenibilidad, como paneles fotovoltaicos, sistemas solares para agua caliente y reutilización de recursos hídricos.
En materia de empleo y capacitación, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) ejecutó 34 acciones de capacitación en sectores estratégicos como transporte, cuidados, discapacidad, emprendimiento y liceos técnico-profesionales. Asimismo, se desarrollaron seis ferias laborales en distintas comunas de la región y se fortalecieron instancias de coordinación como la Mesa de Empleabilidad y el Consejo Regional de Capacitación, permitiendo orientar de mejor manera la oferta formativa a las necesidades productivas de Atacama.
Por su parte, el Instituto de Seguridad Laboral (ISL) realizó diversas actividades de capacitación y difusión en seguridad y salud en el trabajo, beneficiando a 278 personas, abordando temáticas como la Ley Karin, primeros auxilios, prevención de riesgos laborales y derechos de trabajadores y trabajadoras a honorarios.
En tanto, la Dirección del Trabajo cumplió un rol clave en fiscalización y diálogo social, realizando 2.327 fiscalizaciones durante 2025, incluyendo materias de derechos fundamentales y Ley Karin. Además, se concretaron 53 procesos de negociación colectiva reglada, beneficiando a 7.189 trabajadores y trabajadoras, junto con acciones de fortalecimiento sindical y espacios de diálogo tripartito a través del Centro de Relaciones Laborales y Trabajo Decente.
Al respecto, la seremi (s) del Trabajo y Previsión Social de Atacama, Dissa Castellani Martínez, destacó que “este reporte da cuenta de un trabajo fuerte, comprometido y con énfasis territorial, siguiendo los lineamientos del Presidente Gabriel Boric, avanzando en mejoras históricas como el aumento del salario mínimo, la reducción de la jornada laboral y la implementación de la Reforma de Pensiones”.
Desde el Ministerio del Trabajo y Previsión Social en Atacama subrayaron que el año 2025 refleja un trabajo sostenido y articulado, con presencia en el territorio, enfocado en fortalecer derechos laborales, mejorar las pensiones y promover empleos de calidad, desafíos que continuarán profundizándose durante 2026 en beneficio del desarrollo social y laboral de la región.
