El presidente de la República, José Antonio Kast, puso en marcha una auditoría al Gobierno Central mediante el Decreto N.º 2, documento que establece los lineamientos iniciales para revisar el estado financiero, presupuestario y de gestión de la administración pública.
La medida busca evaluar el uso de los recursos fiscales y fortalecer los mecanismos de control del Estado, en un proceso que será coordinado desde el Ejecutivo con apoyo del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno y de las unidades de auditoría de cada ministerio y servicio público.
Según el decreto, contar con un diagnóstico claro del funcionamiento del aparato estatal al inicio de un mandato es fundamental para asegurar una gestión pública responsable y transparente.
Cinco focos de revisión
La auditoría considera cinco áreas prioritarias orientadas a revisar el uso de los recursos públicos:
- Control de transferencias y convenios: revisión de subsidios, convenios y financiamiento público entregado a terceros.
- Procesos de contratación pública: análisis del cumplimiento de normas de legalidad, transparencia y competencia en compras del Estado.
- Seguimiento de contratos relevantes: revisión de compromisos administrativos que involucren altos montos o riesgos institucionales.
- Gestión de personal: evaluación de los procesos de contratación y administración de funcionarios públicos.
- Ejecución presupuestaria y programas públicos: análisis del desempeño y eficiencia en el uso de recursos fiscales.
El objetivo es asegurar que los fondos del Estado se utilicen con criterios de eficiencia, probidad y transparencia, además de identificar posibles riesgos en la gestión pública.
Comité estratégico supervisará el proceso
El decreto también establece la creación de un Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, encargado de monitorear el desarrollo de la revisión y orientar su implementación.
Este comité estará integrado por autoridades clave del Ejecutivo, entre ellas el Subsecretario del Interior, la Subsecretaria General de la Presidencia, el Subsecretario de Hacienda, el Director de Presupuestos y un representante del gabinete presidencial.
Entre sus funciones se encuentran validar los criterios de seguimiento, revisar los avances del proceso e identificar eventuales riesgos institucionales asociados a la auditoría.
Resultados esperados en seis meses
El comité tendrá un plazo de seis meses para desarrollar el proceso de revisión, por lo que los resultados finales deberían presentarse hacia septiembre de este año.
Durante ese período se establecerán mecanismos de monitoreo y reportes periódicos, mientras que el primer informe preliminar deberá entregarse dentro de los primeros 30 días desde el inicio del proceso.
