La Tesorería General de la República (TGR) informó que la mayoría de los recursos de protección presentados por deudores vinculados al Crédito con Aval del Estado (CAE) han sido rechazados por los tribunales del país, marcando un importante revés judicial para quienes buscaban frenar procesos de cobranza asociados a esta deuda estudiantil.
De acuerdo con los antecedentes entregados por el organismo, de un total de 1.968 recursos de protección ingresados en contra de la TGR por materias relacionadas con el CAE, 1.453 fueron declarados inadmisibles por distintas Cortes de Apelaciones del país, cifra que representa aproximadamente el 74% de las acciones judiciales presentadas.
Asimismo, la Tesorería detalló que la Corte Suprema también declaró inadmisibles 239 apelaciones presentadas por recurrentes que buscaban revertir las decisiones adoptadas por las cortes regionales.
Desde la institución señalaron que estos resultados responden a las gestiones judiciales desarrolladas por la TGR en el marco de los procesos de cobranza y recuperación de recursos asociados al financiamiento estatal de la educación superior.
Según indicó el organismo, actualmente solo 236 recursos han sido declarados admisibles por las distintas Cortes de Apelaciones del país, mientras continúan desarrollándose otros procesos judiciales relacionados con el cobro de deudas del CAE.
Entre las cortes donde se registró el mayor número de declaraciones de inadmisibilidad destacan Santiago, con 569 casos; San Miguel, con 197; Concepción, con 146; y Rancagua, con 58 resoluciones en la misma línea.
En contraste, las Cortes de Apelaciones que han declarado admisible un mayor número de recursos corresponden a Talca, con 102 casos; Valparaíso, con 99; La Serena, con 24; y Arica, con siete recursos acogidos a tramitación.
Desde la Tesorería General de la República afirmaron que estas resoluciones judiciales reflejan la solidez jurídica de las actuaciones del organismo en materia de cobranza y recuperación de recursos públicos vinculados al financiamiento de la educación superior.
El escenario judicial ocurre en medio del debate nacional sobre el futuro del Crédito con Aval del Estado y las propuestas de reforma impulsadas en torno al financiamiento estudiantil y la situación de miles de personas endeudadas con este sistema.
