La Lista B del Partido de la Gente (PDG), que obtuvo la victoria en las elecciones internas realizadas el pasado 25 de abril, cuestionó duramente la decisión del Tribunal Supremo de la colectividad de anular los comicios, acusando una profunda crisis de legitimidad institucional y jurídica al interior del partido.
A través de una declaración pública, el bloque encabezado por Patricio Quisbert manifestó su rechazo a la resolución adoptada por el órgano interno del partido, apuntando a presuntas irregularidades tanto en la integración del Tribunal Supremo como en el procedimiento utilizado para invalidar el proceso electoral.
Desde la Lista B señalaron que la resolución fue adoptada únicamente con la firma de tres de los cinco integrantes del Tribunal Supremo, existiendo además votos disidentes formales de dos miembros del organismo, situación que —a juicio del bloque— pone en cuestionamiento la legitimidad de la decisión.
Asimismo, indicaron que previo a la resolución existían solicitudes de inhabilidad pendientes respecto de algunos integrantes del tribunal, las cuales no habrían sido resueltas antes de decretar la nulidad de la elección interna.
Según expresaron en la declaración, una de las observaciones apuntaría a la eventual participación de una integrante del Tribunal Supremo en grupos asociados a una de las listas en competencia, hecho que consideran incompatible con la imparcialidad requerida para revisar el proceso electoral.
El bloque también cuestionó a uno de los integrantes del organismo jurisdiccional interno, asegurando que existirían antecedentes judiciales públicos que, a su juicio, generarían dudas sobre el cumplimiento de los requisitos necesarios para ejercer dichas funciones dentro del partido.
Las críticas además se extendieron hacia la actual directiva nacional del PDG, encabezada por Rodrigo Vattuone, quien además participaba en las elecciones internas liderando la Lista A.
Desde la Lista B acusaron una “preocupante pasividad” de la dirigencia frente a distintas solicitudes y requerimientos que —según sostienen— buscaban colaborar con el correcto desarrollo y validación del proceso electoral.
En ese contexto, advirtieron que repetir las elecciones internas bajo las actuales condiciones podría afectar aún más la confianza de la militancia y deteriorar la imagen pública de la colectividad.
“La democracia interna no puede quedar subordinada a decisiones apresuradas, integraciones cuestionadas ni interpretaciones acomodadas a conveniencias políticas circunstanciales”, señalaron desde el bloque liderado por Quisbert.
Finalmente, anunciaron que evalúan presentar acciones legales para revertir la decisión del Tribunal Supremo y evitar la repetición de los comicios internos.
Entre las alternativas que estudian se encuentra recurrir al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) o interponer un recurso de protección ante la justicia, con el objetivo de mantener la validez de la elección que originalmente les otorgó el triunfo.
