El Congreso comenzará esta semana la discusión del proyecto de ley que busca implementar un mecanismo de devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) aplicado a productos esenciales como medicamentos y pañales, iniciativa impulsada conjuntamente por el Gobierno y el Partido de la Gente (PDG).
La propuesta ingresará a su primer trámite constitucional y tiene como objetivo aliviar parte del gasto que realizan las familias más vulnerables del país en productos considerados básicos para la salud y el cuidado personal.
De acuerdo con las estimaciones preliminares, la implementación de esta medida tendría un costo fiscal cercano a los 100 millones de dólares durante su primer año de funcionamiento.
El proyecto contempla la devolución del IVA para personas que pertenezcan al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH), siempre que las compras se realicen en el comercio formal mediante boleta electrónica y cuenten con certificación médica vigente en los casos que corresponda.
Desde el Ejecutivo y el Partido de la Gente valoraron el avance de la iniciativa, destacando que permitiría entregar un apoyo económico concreto a miles de familias que deben enfrentar altos costos asociados a tratamientos médicos, cuidado de adultos mayores, personas con discapacidad y niños pequeños.
El jefe de bancada del PDG, Juan Valenzuela, destacó la disposición del Gobierno para respaldar el proyecto y permitir que avance en su discusión parlamentaria, señalando que existe interés en reunir los apoyos necesarios para su aprobación en el Congreso.
Sin embargo, la propuesta también ha generado debate y reparos desde otros sectores políticos. Desde el Partido Socialista, por ejemplo, han planteado la necesidad de avanzar en una reforma de carácter más estructural respecto al sistema tributario aplicado a bienes esenciales.
La senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, cuestionó que actualmente en Chile las familias deban pagar el 19% de IVA en productos básicos, medicamentos y artículos de primera necesidad, planteando que el debate debe considerar soluciones de fondo y no solo mecanismos compensatorios.
Pese a las diferencias políticas, expertos valoraron la iniciativa como una herramienta que podría beneficiar a un importante segmento de la población, aunque advirtieron que será necesario establecer mecanismos claros de fiscalización y acceso para asegurar su correcta implementación.
El economista William Díaz señaló que la medida podría representar un alivio relevante para familias de menores ingresos, especialmente en un contexto marcado por el aumento del costo de la vida y los gastos asociados a salud y cuidado familiar.
Mientras avanza la discusión legislativa, el proyecto se instala como uno de los temas que marcarán el debate económico y social en el Congreso durante las próximas semanas.
