Un informe de 107 páginas de la Contraloría General de la República (CGR), correspondiente al documento N°643, estableció observaciones por el uso de vehículos fiscales y por omisiones en el registro de audiencias en la plataforma de la Ley del Lobby por parte de autoridades de Gobierno durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2023 y el 30 de abril de 2024.
La investigación —a la que accedió Radio Bío Bío— se originó tras una denuncia presentada por los diputados UDI Felipe Donoso y Flor Weisse, y examinó las bitácoras de vehículos asignados a once autoridades ministeriales, además del cruce entre sus agendas y los registros públicos de lobby.
Entre los hallazgos más relevantes, el organismo fiscalizador determinó que la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, utilizó un automóvil institucional el 4 de junio de 2023 y el 19 de abril de 2024 para trasladarse al Teatro Coliseo, en Santiago, con el fin de asistir al aniversario 111 del Partido Comunista y al aniversario 91 del Partido Socialista de Chile, respectivamente.
En su dictamen, la Contraloría recordó que existe prohibición absoluta de utilizar vehículos estatales para cometidos particulares o ajenos al servicio, tanto en días hábiles como inhábiles. Asimismo, reiteró que los servidores públicos —independiente de su jerarquía— no pueden desarrollar actividades de carácter político contingente utilizando bienes de la repartición.
En el caso de la entonces ministra del Trabajo, Jeannette Jara, el informe constató al menos siete reuniones que no fueron ingresadas a la plataforma de la Ley del Lobby. Entre ellas figuran encuentros con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), con la encuestadora Marta Lagos, con Cristóbal Huneeus y con representantes de organizaciones sindicales. La CGR advirtió que estas omisiones vulneran las instrucciones vigentes y los principios de probidad y transparencia establecidos en la Ley N° 18.575.
Las observaciones también alcanzaron al Ministerio de Minería. La entonces titular de la cartera, Marcela Hernando, registró trece reuniones no ingresadas a la plataforma, incluyendo encuentros con la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), el Consejo Minero y Codelco. Asimismo, la subsecretaria Suina Chahuán mantuvo tres actividades no inscritas durante el período analizado.
Respecto de los traslados de la ministra Vallejo a direcciones particulares, la Contraloría observó viajes realizados el 3 de agosto y el 28 de diciembre de 2023 desde su domicilio hacia calle Málaga N°115, en Las Condes. La Subsecretaría General de Gobierno los justificó como visitas médicas impostergables; sin embargo, el organismo indicó que no se acompañaron antecedentes que acreditaran el carácter institucional de los trayectos.
Una situación similar se consignó respecto de la ex subsecretaria General de Gobierno, Nicole Cardoch, quien el 23 de agosto de 2023 se trasladó desde el Palacio de La Moneda a la misma dirección. La CGR precisó que Cardoch presentó su renuncia el 30 de julio de 2025, por lo que su eventual responsabilidad administrativa se encuentra extinguida conforme al artículo 157 de la Ley N° 18.834.
El informe también detectó deficiencias generalizadas en el llenado de bitácoras en las subsecretarías de Gobierno, Minería, Trabajo, Previsión Social, Medio Ambiente y Agricultura. Se constataron registros incompletos, ilegibles o con omisiones relevantes, como la identificación del conductor, descripción detallada del recorrido y lugar autorizado de estacionamiento, en contravención al decreto ley N°799 de 1974 y a los oficios circulares que regulan la materia.
En el ámbito del lobby, la Contraloría reiteró que todas las audiencias sostenidas con personas inscritas en el registro público de lobbistas deben ser informadas en la plataforma oficial, ya sea que se realicen en dependencias públicas o privadas, dentro o fuera del horario laboral.
Finalmente, el organismo señaló que no tiene competencia para perseguir responsabilidades de ministros de Estado, por lo que remitió los antecedentes a la Cámara de Diputadas y Diputados para los fines pertinentes, instruyendo además a las subsecretarías involucradas implementar medidas de control que garanticen el uso institucional de vehículos y el correcto registro de actividades de lobby.
