El Partido Comunista de Chile cuestionó al Gobierno por lo que calificó como una “instrumentalización” de la agresión sufrida por la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, para abrir el debate sobre eventuales cambios en el sistema de gratuidad en la educación superior.
El hecho, ocurrido en la Universidad Austral de Chile, generó una rápida reacción del Ejecutivo encabezado por el Presidente José Antonio Kast, que además de anunciar acciones legales contra los responsables, comenzó a vincular lo sucedido con su agenda en materia de seguridad y educación.
En ese contexto, la vocera de Gobierno, Mara Sedini, planteó que la discusión podría extenderse a la educación superior en el marco del plan “Escuelas Protegidas”, incluyendo la posibilidad de restringir beneficios estatales a quienes participen en hechos de violencia.
“Es impresentable que personas que agreden tengan beneficios del Estado, accedan a la gratuidad o cualquier otro tipo de beneficio”, sostuvo la autoridad, calificando el debate como “necesario y urgente”.
Las declaraciones generaron inmediatas reacciones en la oposición. Desde el Partido Comunista, su jefa de bancada, Daniela Serrano, si bien condenó la agresión, llamó a no utilizar el hecho con fines políticos. “No puede ser este ataque el caballito de Troya para quienes siempre han estado en contra de la gratuidad universitaria”, afirmó.
En la misma línea, el diputado de la Democracia Cristiana, Héctor Barría, expresó reparos a la propuesta, advirtiendo que abordar la problemática mediante “eslóganes o amenazas” podría agravar la situación en las comunidades educativas.
De esta forma, el debate se traslada al Congreso, donde el Gobierno evalúa presentar indicaciones para ampliar el alcance de sus iniciativas, mientras desde la oposición insisten en que el foco debe mantenerse en sancionar la violencia sin afectar el acceso a la educación superior.
