Estudiantes de la carrera de Derecho de la Universidad Católica del Norte (UCN), sede Coquimbo, continúan movilizados desde el pasado 26 de mayo, denunciando una crisis académica profunda, deficiencias estructurales y abandono institucional que, según señalan, comprometen seriamente su formación y posibilidades de titulación.
Entre las principales preocupaciones figura el proceso de titulación, el cual —según cifras del portal oficial mifuturo.cl— registra una de las tasas más bajas a nivel nacional: solo un 4% de los estudiantes de Derecho en la UCN logran titularse, cifra que contrasta con el 16% alcanzado en la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Además, de acuerdo al mismo sitio, la duración real de la carrera superó los 10 años en 2024, transformándose en la carrera universitaria más extensa del país.
Examen de grado y estancamiento
A este panorama se suma la complejidad del examen de grado, una evaluación obligatoria que, con una tasa de aprobación estimada en 43%, actúa como un filtro crítico para la titulación. Según denuncian los estudiantes, muchos egresados no logran superarlo dentro de las tres oportunidades permitidas, quedando en un limbo académico y profesional.
“Pagamos por estudiar, pero no tenemos condiciones mínimas ni una ruta clara hacia el título. Solo pedimos lo básico: que se nos permita estudiar y egresar con dignidad”, expresaron desde el movimiento estudiantil.
Paro y presión institucional
Pese a que la paralización ha sido ratificada democráticamente más de cinco veces, con amplias mayorías (superiores a 100 votos por instancia), los estudiantes acusan que la Escuela ha intentado desconocer el paro, recalendarizando evaluaciones y presionando con posibles sanciones, con respaldo de otras autoridades universitarias.
Un comunicado oficial emitido el pasado 3 de julio comprometía acciones “concretas”, pero según los movilizados, la única medida visible fue la instalación de cuatro mesas sin terminar, sin avances sustantivos frente a un petitorio que incluye temas académicos, administrativos y de infraestructura.
Infraestructura precaria y falta de condiciones
Las condiciones materiales en el campus también han sido objeto de críticas. Según denuncian, más de 700 estudiantes comparten solo 10 baños, muchos de ellos en mal estado. No existen espacios acondicionados para estudiar o resguardarse del clima, y no hay claridad sobre el uso y disponibilidad de fondos institucionales.
“Es un abandono que no podemos seguir tolerando. Hay estudiantes atrapados por años en esta carrera, sin vías reales de egreso”, señalaron voceros del movimiento.
Hasta el cierre de esta nota, la Escuela de Derecho no ha emitido un nuevo pronunciamiento público sobre la situación. Los estudiantes mantienen el llamado al diálogo real y a la respuesta efectiva, advirtiendo que el conflicto no es solo administrativo, sino de fondo: una crisis estructural que impacta directamente el derecho a una educación de calidad.
