El Gobierno anunció la aplicación de test de drogas a altas autoridades del Ejecutivo durante las próximas semanas, en una medida que busca fortalecer los estándares de probidad y transparencia en la función pública.
La decisión, impulsada en el marco de la administración del Presidente José Antonio Kast, amplía una política que ya había sido implementada previamente como requisito para integrar el gabinete, pero que ahora se proyecta de forma permanente e incluye a un mayor número de funcionarios.
Según antecedentes, la medida no solo contempla la realización de exámenes toxicológicos —como el test de pelo, que permite detectar consumo en periodos prolongados—, sino también una revisión de antecedentes, con el objetivo de asegurar que quienes ejerzan funciones públicas cumplan con los estándares exigidos.
El proceso abarcará a ministros, subsecretarios y asesores, quienes deberán someterse a estos controles de manera periódica, en línea con otras obligaciones en materia de transparencia, como la declaración de patrimonio, intereses y posibles conflictos, establecidas por la Contraloría General de la República de Chile.
Desde el oficialismo, el diputado Juan Carlos Beltrán valoró la iniciativa, señalando que contribuye a fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.
En tanto, desde la oposición, parlamentarios como Cristián Tapia y Jaime Mulet coincidieron en la importancia de la medida, aunque plantearon la necesidad de ampliar su alcance a todas las autoridades.
Expertos en análisis político también han destacado que este tipo de controles se aplican en distintos países como herramienta para prevenir riesgos asociados, incluyendo el avance del narcotráfico, aunque su implementación abre el debate sobre su efectividad y alcance real.
De esta forma, el Ejecutivo busca reforzar la confianza en las instituciones públicas mediante mayores exigencias de control y transparencia, en un contexto de creciente demanda ciudadana por probidad en el ejercicio de cargos públicos.
