El proyecto de construcción del nuevo hospital de La Serena ha generado preocupación entre algunos vecinos del sector, quienes han interpuesto una reclamación ante el Primer Tribunal Ambiental. El motivo es su disconformidad con la decisión del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de declarar inadmisible su solicitud de invalidación de la resolución que eximió al proyecto de ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Los vecinos argumentan que no fueron notificados sobre dicha resolución dictada en 2022 y que recién tomaron conocimiento de ella en septiembre de 2024, cuando comenzaron las obras masivas de construcción. Sostienen que esa omisión los privó de su derecho a participar en el proceso y expresan preocupación por posibles impactos negativos no evaluados. El abogado Rafael Jordan, representante de los reclamantes, enfatizó que no se oponen al hospital, sino que buscan que se evalúe correctamente su impacto ambiental, para evitar consecuencias perjudiciales para la comunidad.
Por su parte, el SEA sostiene que la consulta de pertinencia realizada en 2022 fue un trámite legal, voluntario y no una evaluación ambiental propiamente tal. Según el organismo, la resolución fue publicada electrónicamente y los reclamos presentados en diciembre de 2024 están fuera del plazo legal para solicitar una invalidación. Además, indicó que cualquier incumplimiento debe ser evaluado por la Superintendencia del Medio Ambiente.
La Sociedad Concesionaria Hospital de La Serena S.A., a través de su abogado Hernán Brucher, también defendió la legalidad del proceso, destacando que el terreno fue donado especialmente para el hospital y que el uso del suelo es compatible con la obra. Rechazó que sea necesario someter el proyecto al SEIA y sostuvo que no existen antecedentes técnicos ni jurídicos que justifiquen esa exigencia.
El caso plantea un debate entre los procedimientos administrativos, la participación ciudadana y la protección ambiental, en un contexto donde las autoridades buscan avanzar con obras de infraestructura clave, mientras parte de la comunidad exige mayor transparencia y evaluación de posibles impactos.
