El Senado despachó a tercer trámite constitucional el proyecto de reajuste al sector público 2026, al mismo tiempo que volvió a rechazar las denominadas normas de “amarre”, impulsadas por el Gobierno del presidente Gabriel Boric.
La iniciativa fue aprobada en general y en particular por 28 votos a favor, 8 en contra y 1 abstención, respecto de todas aquellas disposiciones que no contaron con solicitudes de votación separada ni indicaciones adicionales.
El proyecto contempla la idea matriz relacionada con bonos y aguinaldos para los trabajadores del sector público, además de un reajuste salarial del 3,4%, que se aplicará de manera retroactiva: un 2% correspondiente a diciembre y un 1,4% en junio del presente año.
Sin embargo, la Cámara Alta rechazó nuevamente una serie de disposiciones promovidas por el Ejecutivo, entre ellas las que obligaban a los funcionarios de confianza a presentar su renuncia antes del 11 de marzo, así como la que pretendía regular por ley el procedimiento de reclamación ante la Contraloría General de la República bajo el principio de confianza legítima.
En este último punto, el Gobierno había dividido la propuesta en dos indicaciones: una relacionada con la fundamentación del despido y otra que establecía un plazo de cinco años para reclamar ante la Contraloría. Ambas fueron desestimadas por el Senado.
De igual forma, fueron rechazadas las normas vinculadas a la imputación del gasto, el cese de funciones y el endurecimiento de los requisitos para desvincular a funcionarios a contrata, además de artículos que buscaban ampliar el giro de Correos de Chile y permitir que trabajadores a contrata apelaran despidos ante la Contraloría, al no alcanzar el quórum requerido.
Durante el debate, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, explicó que en el Gobierno central existen cerca de 100 mil funcionarios de planta y 287 mil a contrata, muchos de los cuales desempeñan funciones permanentes. En ese contexto, sostuvo que la intención del Ejecutivo era que las no renovaciones de contrata se realizaran mediante actos debidamente fundados.
Finalmente, el Senado también rechazó la norma que obligaba a la Contraloría a pronunciarse sobre los reclamos de personas con cinco años o más trabajando a contrata, siempre que dichos casos no estuvieran judicializados.
Con estos cambios, el proyecto continúa su tramitación en tercer trámite, sin las disposiciones de “amarre” impulsadas por el Ejecutivo.
