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Contraloría detecta $12 mil millones sin cobrar en licencias médicas en Salud Tarapacá


La Contraloría General de la República reveló que el Servicio de Salud Tarapacá mantiene más de $12 mil millones sin cobrar, correspondientes a 17.390 licencias médicas de funcionarios tramitadas entre enero de 2023 y marzo de 2025.

La auditoría se enmarca en las investigaciones derivadas del Consolidado de Información Circularizada (CIC) N° 9 de 2025, que alertó sobre posibles irregularidades en el uso de licencias médicas, incluyendo casos de trabajadores que habrían salido del país durante su periodo de reposo.

En total, se revisaron 33.736 licencias, cuyos resultados fueron consignados en el Informe Final de Examen de Cuentas N° 597 de 2026, evidenciando importantes deficiencias en la gestión y registro contable de los subsidios por incapacidad laboral.

El informe detalla que el servicio no registra de manera oportuna los montos aprobados por entidades como COMPIN o las ISAPRES, lo que ha dejado fuera de la contabilidad una parte significativa de los recursos pendientes de cobro.

Asimismo, se detectó que el 86% de los subsidios recuperados no cuenta con un detalle claro de las licencias asociadas, junto con una diferencia superior a $507 millones entre los registros contables y los sistemas auxiliares de cobranza.

A ello se suman inconsistencias en más de 18 mil folios de licencias médicas en el Sistema de Información de Recursos Humanos, reportados por la Superintendencia de Seguridad Social, lo que dificulta su trazabilidad y podría retrasar o impedir los procesos de recuperación de recursos.

Ante estos hallazgos, la Contraloría instruyó al Servicio de Salud Tarapacá iniciar acciones de cobranza por la totalidad de los montos pendientes —adeudados por instituciones como FONASA e ISAPRES— en un plazo de 60 días, además de reforzar los controles internos y mejorar los procesos de registro contable.

Paralelamente, el organismo fiscalizador anunció la apertura de un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados.